La crisis del coronavirus constituye una disrupción sin precedentes que puede convertirse en una recesión de considerables consecuencias, un factor añadido a la relación de problemas que agobiaban a la economía española cuando se entró en 2020: endeudamiento monumental, paro elevado y productividad estancada. Ahora, apenas salidos de las peores consecuencias de la Gran Crisis de 2008, con una ocupación similar a la de hace diez años, que se dice pronto, nos vemos envueltos en una crisis internacional de un alcance difícil de delimitar.
De entrada, la pandemia ha generado un enorme shock de oferta —el sistema productivo se ha parado casi por completo— que automáticamente se ha convertido en un no menor shock de demanda, ya que las familias han dejado de comprar, salvo lo más indispensable, las empresas de invertir, lo mismo que el Estado. Una situación insólita que reclama una intervención masiva del Gobierno para evitar lo peor, como sería la destrucción de buena parte del tejido económico de forma duradera o permanente.
La crisis del coronavirus se compone de dos partes: una perturbación de una profundidad enorme, que ya se ha producido como resultado del confinamiento y el parón productivo, y su prolongación en el tiempo, un dato que se desconoce por cuanto no sabemos lo que durará la fase más intensa de la pandemia y que, en el peor de los casos, podría alargarse hasta el verano. Más allá, entramos en un escenario impredecible